Un expediente sancionador aprobado con la mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2010 y que ahora ha motivado una sanción económica al Ayuntamiento que ha sido condenado a pagar 32.000 euros por el juzgado Contencioso Administrativo de Málaga.

La Secretaria Municipal mostró su disconformidad al procedimiento de selección de vigilantes del playa, y con la venta de acciones de la entonces sociedad pública que gestionaba el agua de Torremolinos, a una empresa privada. La secretaria denunció acoso laboral por parte del equipo de gobierno del PP.